El PSOE denuncia que el Ayuntamiento devuelve 1,1 millones de euros de Servicios Sociales a la Generalitat, lo que supone menos atenciones

A.S./J.M. El portavoz adjunto del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Elche, Mariano Valera, denuncia que el gobierno municipal de PP y Vox ha acordado devolver a la Generalitat 1,1 millones de euros vinculados a Servicios Sociales por falta de ejecución “mientras la dependencia se pudre en la cola”, en referencia al aumento de las listas de espera.

Valera dice que todo se debe a una “mala gestión, falta de planificación y ausencia de prioridad social”.

Señala que son dos resoluciones municipales que afectan directamente a recursos destinados a la atención social básica y al Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) para personas dependientes.

Valera habla de situación “negligente, irresponsable y con consecuencias humanas”.

Afirma que el gobierno local “no cree ni piensa en los servicios sociales”.

Exige explicaciones al alcalde, Pablo Ruz, y a la concejala, Celia Lastra, además de reclamar un informe detallado para saber por qué no se han ejecutado partidas esenciales ligadas a personal y servicios.

También pide un plan de choque para garantizar el futuro del Servicio de Ayuda a Domicilio para evitar nuevas devoluciones de fondos al Consell.

El portavoz adjunto del PSOE pone el acento en una de las resoluciones, por la que se devuelve un millón de euros a la Conselleria, dinero que corresponde a la financiación del Servicio de Ayuda a Domicilio de dependencia en el ejercicio 2024.

Asegura que en el documento oficial se indica que “el reintegro se produce por la imposibilidad de ejecutar completamente el presupuesto inicial del SAD, que ascendía a 3.606.579 euros, debido a que no estaba formalizado el contrato para la prestación del servicio, el cual se encontraba en proceso de licitación”.

Valera explica que este servicio supone “higiene, medicación, respiro familiar… Esta devolución de fondos supone menos horas de atención y ayuda a los dependientes y sus allegados”.

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La concejala de Acción Social, Celia Lastra, ha contestado a la denuncia hecha por el PSOE.

Dice que el “Ayuntamiento comenzó la licitación del nuevo contrato del SAD el 2 de junio de 2023, con la previsión de que dicho contrato pudiera estar adjudicado y formalizado para principios de 2024”.

Pero añade que “este proceso, debido a la complejidad del procedimiento y al importante número de empresas licitadoras presentadas y que algunas de ellas presentaron un recurso especial en materia de contratación, supuso la suspensión del procedimiento hasta la resolución del contrato, habiendo sido formalizado este el 20 de mayo de 2024”.

Por tanto, reconoce que “en el ejercicio 2024 no fue posible ejecutar el 100% del presupuesto consignado por la Generalitat para el SAD de dependencia del Ayuntamiento de Elche, habida cuenta de que la formalización del contrato que permite la ejecución del 100% del presupuesto consignado no se produjo prácticamente hasta la mitad de 2024”.

Por todo ello y “a fin de no tener que reintegrar con intereses, ya que es dinero público de todos los ilicitanos, por responsabilidad, este Ayuntamiento manifestó la renuncia de un millón de euros relativos a la financiación del SAD de dependencia del contrato de Conselleria. Aunque se devolvió en 2025, corresponde al año 2024 y fue devuelto para evitar pagar intereses con dinero municipal”.

A pesar de todo, Lastra asegura que “desde el Ayuntamiento, aún así, garantizamos la atención básica a todas las personas que necesitan atención domiciliaria con el presupuesto del SAD municipal, del servicio municipal, ya que tenemos una partida presupuestaria propia que se utiliza para estos casos”.

Y sobre la lista de dependencia, señala que “en 2023 nos encontramos una lista de espera a nuestra llegada de valoración de dependencia de más de un año y medio. Rápidamente hicimos un plan de choque con la ampliación del equipo de valoradoras pasando de 5 a 10, duplicando el número de personal dedicado para este cometido”.

Concluye diciendo que “con este plan de choque conseguimos reducir el listado de lista de espera a cinco meses, tal y como marca la ley para una valoración de dependencia”.