La Asociación “San Antón Quiere Vivir” pide una reunión urgente con el alcalde y reclaman soluciones casi un año después del desalojo del bloque 8

A.S./J.M. Está a punto de cumplirse un año del desalojo del bloque 8 del barrio del San Antón.

Desde entonces, sobre todo durante las semanas siguientes al desalojo, hubo reuniones y visitas de representantes de todas las administraciones.

Durante los últimos tiempos, vecinos del inmueble han denunciado robos en sus viviendas e incluso han hecho rondas por las noches para vigilar.

Ahora, la Asociación de Vecinos “San Antón Quiere Vivir”, solicita una “reunión urgente con el alcalde y su equipo de gobierno, ante la creciente preocupación, malestar e incertidumbre que atraviesan los vecinos del barrio de San Antón”.

Desde la Asociación dicen que hay cuestiones de “especial gravedad y que requieren una respuesta inmediata por parte de las administraciones competentes”.

La Asociación denuncia el “cobro del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (plusvalía) a los propietarios del edificio número 4”, una medida que consideran “injustificada y que supone un agravio comparativo, dado que este tributo no había sido exigido anteriormente en circunstancias similares”.

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Añaden que esta situación “resulta especialmente preocupante teniendo en cuenta que los propietarios ya han sufrido una depreciación superior al 30% en el valor de sus viviendas”.

La Asociación lamenta la “falta de información sobre la firma del nuevo convenio entre el Ministerio, la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento, sin que hasta la fecha se haya comunicado ningún calendario ni avances concretos”.

Y añaden que “a esta incertidumbre se suma la ausencia de una fecha definida para el derribo de los bloques preexistentes, lo que prolonga una situación de inseguridad para los vecinos”.

Dicen que los “propietarios realojados que han manifestado su voluntad de adquirir sus viviendas continúan sin conocer cuándo podrán formalizar dicha adquisición, lo que genera una evidente inseguridad jurídica”.

A todo ello, desde la Asociación, presidida por Mª Ángeles López, destacan la “existencia de problemas urgentes relacionados con el mantenimiento del barrio, así como con los cambios en la circulación derivados de los derribos y cortes de calles, cuestiones que afectan directamente a la vida diaria de los vecinos y que requieren una actuación inmediata”.

Quieren una reunión con el alcalde y el equipo de gobierno para “obtener respuestas claras, establecer un calendario de actuaciones y garantizar la transparencia en la gestión del proceso”.

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