Compromís pide información sobre el ciberataque sufrido por el Ayuntamiento de Elche hace dos meses

A.S./J.M. La portavoz del grupo municipal de Compromís per Elx, Esther Díez, ha anunciado que su formación ha realizado “nuevas preguntas sobre el ciberataque sufrido por el Ajuntament d’Elx a finales de agosto porque queda mucha información por esclarecer, además de que los servicios no se han repuesto en su totalidad y la ciudadanía sigue sin tener claro el alcance de los daños”.

El próximo sábado día 25 se cumplen dos meses desde el ciberataque y Esther Díez ha recordado que en el pleno ya hicieron preguntas, pero señala que el gobierno municipal “contestó con generalidades y sin ninguna concreción sobre cómo se estaban realizando las copias de seguridad, cuánto presupuesto se había destinado a ciberseguridad, por qué no se había ejecutado la migración de datos a la nube adjudicada en 2024 y si había garantías de recuperar la información encriptada”.

Ahora se pregunta sobre “cuántas copias de seguridad se hacían de manera diaria y en cuántos sitios se alojaban, si se ha concretado ya la forma de compensación a las personas físicas y jurídicas afectadas por el ciberataque, si hay alguna novedad sobre si se van a recuperar los datos sustraídos o qué ocurre concretamente con la información de las carpetas compartidas del personal municipal”.

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Y lo que más preocupa a Compromís es que “el 19 de noviembre de 2024 el gobierno de PP y VOX paralizó un contrato licitado en 2023 que servía, entre otras cosas, para monitorizar los servidores las 24 horas de todos los días del año”.

Esther Díez quiere saber “los motivos que llevaron al desistimiento de este procedimiento que incluía, a su vez, la resolución de incidencias y el asesoramiento técnico (expediente SERV/ABR/2023000055)”.

La portavoz de Compromís pide al alcalde, Pablo Ruz, respuesta a sus preguntas y que se reconozca “si no se ha estado trabajando de la manera correcta o se ha dejado de implementar algún protocolo necesario”.

Y todo, porque asegura que esta situación “ha supuesto una modificación presupuestaria de más de 800.000 euros y sigue afectando de lleno a la vida administrativa de la ciudad”.

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