PSOE y Compromís valoran las medidas del gobierno local para adjudicar las viviendas protegidas

A.S./J.M.El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Elche, Héctor Díez, ha dicho en el programa El Aperitivo de Versión Radio que lo anunciado por el alcalde “es una reacción teniendo en cuenta la grave situación que se está viviendo en Alicante”.

Ha señalado que las medidas las conocerá de primera mano el jueves en el Consejo de Administración de PIMESA, y que mientras “sean razonables y garanticen que no suceda lo de Alicante, nosotros por supuesto las apoyaremos”.

Aún así, ha dicho que en PIMESA “nunca se ha hablado de las condiciones” y que tanto los consejeros del PSOE como la de Compromís han preguntado “en numerosas ocasiones por el procedimiento de acceso a las viviendas, por el número de viviendas que realmente se queda el Ayuntamiento por enajenar el suelo público y que un constructor privado pueda hacer vivienda protegida y siempre se nos han dado largas”.

Por eso ha insistido en que está convencido de que lo que ha anunciado “Pablo Ruz es consecuencia de lo que ha pasado en Alicante, pero bienvenido sea”.

Ha concluido diciendo que “me parece bien y creo que tenemos que garantizar ante todo que no sucede nada como en Alicante, porque para eso los ciudadanos creo que confían en nosotros”.

Más tarde ha añadido que «⁠la cuestión de fondo es que es un modelo que enajena suelo público para que promotoras privadas hagan negocio», añadiendo que «habla de una medida de la que no hemos podido leer nada, señalando aquí a todo el mundo político y funcionarial, cuando el problema lo tiene su partido». Y ha concluido indicando que «habla de ejemplaridad cuando a él le han dado la licencia de obra de su casa en 2,5 meses como la media para actuaciones similares está en 8 meses».

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Por otro lado, la portavoz municipal de Compromís, Esther Díez, asegura que “los anuncios de Pablo Ruz sobre la adjudicación de las viviendas protegidas en trámite no suponen ningún avance significativo en materia de control”.

Díez ha indicado que “la adjudicación va a seguir siendo por parte de las constructoras privadas, son ellas las que van a encargarse de la publicidad, del registro y de demandar la información”.

Ha añadido que “también se supone que la administración pública verificaba a posteriori el proceso en el caso de Alicante y ya conocemos el resultado, por eso lo fundamental es que el Ayuntamiento se encargue del cien por cien del proceso, que es algo a lo que Pablo Ruz se niega inexplicablemente”.

Esther Díez ha señalado que “faltaría más que los concejales y asesores no puedan inscribirse en esta promoción de viviendas o que quien incumpla los requisitos o dé información fraudulenta no pueda acceder, eso ya se supone que lo regula la norma, pero la clave está en que desde lo público se controle la totalidad del trámite”.

Además, ha resaltado que “lo que Pablo Ruz no ha contado es que podrán seguir accediendo a estas viviendas personas con ingresos de hasta 66.000 euros porque así lo aprobó el PP en 2024 y que también ha subido el precio al que las constructoras podrán vender el metro cuadrado, además de que sólo revertirá al Ayuntamiento un 16% aproximadamente del total de casas”.

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