Cuatro personas detenidas en Elche por estafas en la compraventa de vehículos

A.S./J.M. La Policía Nacional ha detenido en Elche a cuatro personas, dos hombres y dos mujeres, de edades comprendidas entre los 38 y los 52 años, como presuntos responsables de los delitos de estafa, apropiación indebida, falsedad documental y pertenencia a grupo criminal, al conformar un entramado delincuencial dedicado.

Se dedicaban, entre otras cosas, a estafar a entidades financieras y a particulares, usando empresas ficticias a nombre de testaferros, para adquirir vehículos, principalmente en la modalidad de leasing y renting, o con cargas y gravámenes de reserva de dominio, que posteriormente vendían a terceras personas en España y Europa.

La operación comenzó tras tener conocimiento de una posible organización criminal dedicada a la adquisición de vehículos nuevos o semi-nuevos mediante engaño.

Posteriormente, los vendían en el extranjero a un precio claramente inferior al de mercado, con el fin de evitar los impedimentos de la reserva de dominio y dificultar el rastreo.

Las primeras investigaciones revelaron que esta organización ya había sido investigada en 2022 y que los investigados, al objeto de continuar con lo que era claramente su modus vivendi, habrían creado nuevas empresas sobre las que se dirigía la actual investigación.

Los investigadores detectaron tres modalidades principales con las que actuaban: la adquisición de vehículos de leasing, mediante sociedades inactivas o meramente instrumentales a nombre de testaferros y su venta en el extranjero para eludir la reserva de dominio sobre el vehículo; la adquisición de vehículos con cargas a particulares con serias necesidades económicas, a quienes no abonaban el dinero pactado y que posteriormente eran vendidos sin autorización del titular; y la venta de vehículos a particulares que, tras pagar una reserva, no recibían el vehículo.

Usaban como testaferros para las empresas utilizadas, a personas aprovechándose de sus necesidades sociales y económicas, a quienes daban de alta como autónomos, creando la empresa a su nombre para la comisión de sus ilícitos penales.

Mediante la primera modalidad de estafa, se vieron afectadas cuatro financieras por la suscripción de 14 contratos de leasing, uno de renting y cuatro préstamos de financiación para vehículos, todo ello a nombre de dos mercantiles que resultaron estar a nombre de testaferros que habían sido interpuestos por el principal investigado para la adquisición de los automóviles. Desde una de las financieras señalaron que el montante ocasionado por la operación fraudulenta ascendía a 210.714 euros.

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Durante la investigación, los agentes encontraron cinco vehículos que habían sido vendidos a terceras personas en Francia y Países Bajos donde fueron debidamente matriculados con las respectivas placas del país, donde la reserva de dominio que existe sobre el vehículo por la deuda y que prohíbe en España su cambio de titularidad no puede ser comprobada por las jefaturas de tráfico, algo que el principal investigado conocía perfectamente.

El líder de la trama, un hombre de 50 años, gestionaba una página web desde donde ofertaba la compra de los vehículos haciendo clara referencia a que daban salida a “vehículos embargados, financiados, con reserva de dominio, con precinto, multas, leasing o letras atrasadas”.

Así llamaba la atención de un perfil de vendedor con problemas económicos para aprovecharse de su vulnerabilidad.

Cuando algún interesado, en un acto de desesperación dada su situación económica, decidía vender su vehículo y contactaba con ellos, ponían a la víctima en la peor situación, pero a su vez se mostraban como su posible solución para solventar su situación económica, transfiriéndole inicialmente una pequeña parte del precio convenido por el vehículo.

Después, alegando problemas sobre el impedimento de cambio de titularidad, se negaba a pagarles el resto a pesar de que el vehículo ya lo tenía en su poder.

Se daban excusas para ganar tiempo mientras que lo revendía a un tercero, terminando por bloquearles para que no volvieran a ponerse en contacto con él.

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La organización llegó a adquirir vehículos por 1.000 euros que luego vendían por 20.000, haciendo creer a sus propietarios que no podían venderse y que únicamente se podía usar para piezas, llegando a tener una ganancia patrimonial neta de 26.000 en alguna de las operaciones investigadas.

Los vehículos adquiridos de forma fraudulenta eran ofertados en venta a un precio muy por debajo del mercado a través de las diversas plataformas legales de compraventa de vehículos, utilizando para ello las mismas empresas ficticias.

En alguno de los anuncios se especificaba que eran vehículos “sólo aptos para exportación”, terminando por ser revendidos a terceras personas que los compraban de buena fe en España o en otro país.

Estas ventas se llegaron a realizar en alguna ocasión en las inmediaciones de estaciones de inspección técnica de vehículos (ITV) de la provincia. Allí mismo, los compradores inspeccionaban el estado del vehículo, tras lo cual, hacían las transferencias a nombre de la empresa, recibiendo a continuación la documentación y las llaves junto con el automóvil, formalizando un contrato firmado mediante engaño para esquivar futuros trámites judiciales por denuncias interpuestas.

Sin embargo, el investigado informaba a los compradores de que el cambio de titularidad sería gestionado con posterioridad, si bien tras pasar tiempo, al ver que el trámite aún no se había producido, hacían gestiones y se daban cuenta de que habían sido víctimas de una estafa, al descubrir que el vehículo adquirido tenía cargas de reserva de dominio que impedían su comercialización, no pudiendo ser cambiados de titularidad hasta que no se satisficiera la deuda pendiente, momento en el que decidían denunciar los hechos.

La reserva de dominio es una carga financiera común en coches financiados, donde la entidad financiera mantiene la propiedad legal hasta el pago total.

En cuanto a la tercera modalidad de estafa que perpetraban, se centraba en la venta de vehículos ofertados en diversos portales de internet, sobre los cuales la modalidad de estafa podía variar pero que, a grandes rasgos, consistía en solicitar dinero a los interesados para la reserva de vehículos que nunca llegan a ser entregados.

Con todo lo investigado en la operación conjunta llevada a cabo entre los grupos de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción, y Tráfico Ilícito de Vehículos de la de Alicante, con la colaboración de Policía Judicial de Elche y Policía Judicial de Ciudad Real, se procedió a la explotación de la investigación practicándose tres registros en dos inmuebles de Elche -el domicilio de los investigados y un parking- y una nave industrial de Aspe.

La operación se saldó con la incautación de 34 vehículos, varios de alta gama, hallados en el parking de Elche, donde la organización tenía alquiladas dos plantas enteras, documentación de más de 150 vehículos hallada en el maletero de uno de ellos, además de procederse al Bloqueo en el Registro de Bienes Muebles de más de 50 vehículos de las empresas investigadas, intervención de multitud de cuentas bancarias y prohibición de enajenación y disposición de 12 inmuebles.

Tras la detención de estas cuatro personas como presuntas responsables de los delitos investigados, no se descartan más detenciones.

Son más de una veintena las víctimas afectadas hasta la fecha, aunque continúan las gestiones para localización de posibles víctimas de las que aún no se ha tenido conocimiento.

Los dos detenidos principales, tras la práctica de las diligencias policiales, fueron puestos a disposición del juzgado de instrucción de guardia de Alicante, que decretó el ingreso en prisión provisional para el cabecilla de la trama.

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