El PSOE acusa al Ayuntamiento de Elche y a la Generalitat de «desmantelar el escudo social»

A.S./J.M. El portavoz adjunto del PSOE en el Ayuntamiento de Elche, Mariano Valera, denuncia que el PP “está desmantelando las políticas sociales —el llamado “escudo social”—, tanto desde la Generalitat como desde el Ayuntamiento de Elche, con nombres y apellidos: Pablo Ruz y Juanfran Pérez Llorca».

Ha advertido que «lo más grave no es solo la insuficiencia presupuestaria en dichas partidas, sino el cambio de modelo: de una política social que intentaba sostener a las personas a una política que simplemente administra la caída».

Pide que se «refuerce de verdad la política de vivienda, la mediación y la alternativa habitacional estable” para quienes lo precisen.

También que se “deje de esconder su inacción detrás de recursos de emergencia que, siendo necesarios, no pueden sustituir a una política pública integral” y que “el PP deje de comprar el discurso a VOX, tanto en la Generalitat como en Elche, porque cuando lo asumen, quienes pagan son siempre los más vulnerables».

Valera asegura que «solo en enero y febrero hemos detectado más de 15 quejas y requerimientos del Síndic de Greuges y del Defensor del Mayor dirigidos a Servicios Sociales del Ayuntamiento. Cuando los órganos de garantía empiezan a pedir explicaciones de manera reiterada, el problema ya no es puntual, es de gestión”.

Respecto a la dependencia, ha señalado que al cierre de 2025, a nivel autonómico, hay “28.847 personas en lista de espera, más de 24.000 expedientes pendientes, una tramitación media de 300 días —casi el doble del plazo legal—, 67.181 personas esperando plaza pública residencial y, lo más grave, 258 personas fallecen cada mes esperando dicha prestación”.

Añade que “no estamos ante un fallo puntual: estamos ante el deterioro de uno de los pilares básicos del escudo social”.

Y dice que «el propio Defensor del Mayor reconoce entre las principales problemáticas atendidas en 2025 el retraso en la dependencia, problemas con pensiones o mayores que no pueden acceder a centros de día».

La concejala de Acción Social, Celia Lastra, asegura que se ha pasado de contar, en junio de 2023, con seis valoradoras a las diez que hay actualmente.

Y añade que lo mismo ocurre con la Oficina Municipal de la Vivienda, que contaba con dos trabajadores sociales y actualmente cuenta con uno más.

Afirma que se han duplicado casi los recursos humanos para poder agilizar los trámites.

Concluye diciendo que “unos trabajan y los otros confunden”.