Satisfacción en el gobierno local por el archivo del supuesto fraccionamiento de contratos, mientras el PP dice que «esto no termina aquí»

En Versión Radio contamos la actualidad del día, hoy centrada en las ruedas de prensa que han hecho el equipo de gobierno y el PP tras el archivo de la denuncia presentada por los populares ante la Fiscalía Anticorrupción por supuesto fraccionamiento de contratos.

El alcalde, Carlos González, ha comparecido en rueda de prensa junto a los portavoces del PSOE, Héctor Díez y Ramón Abad; la portavoz de Compromís, Esther Díez; y la concejala de Gestión Tributaria, Patricia Maciá.

González ha señalado que la denuncia fue una «temeridad y un grave error político» y que el archivo supone que la «gestión del equipo de gobierno está ajustada a derecho, que no se ha cometido ninguna ilegalidad y que los reparos son meras incidencias». Ha dicho que el PP practica la política de la «injuria, la calumnia y la difamación«.

Ha hablado de la «contundencia» del archivo para añadir que «somos un gobierno recto y honorable«.

Ha añadido que el PP «ha fracasado una vez más» al llevar a los tribunales a los alcaldes socialistas. Ha hablado de la «manifiesta incapacidad de hacer una oposición útil y constructiva» por parte del PP, que en esta situación complicada de pandemia hace una oposición «torticera, desleal y ruín«.

Ha pedido que en 24 horas Pablo Ruz hiciera una rectificación pública.

La portavoz de Compromís, Esther Díez, ha dicho que el PP sabía desde el principio que la denuncia no iría a ningún sitio y que haber elegido la vía penal poner de manifiesto que su interés no era mejorar los trámites administrativos.

Ha hecho referencia a la «honorabilidad» de decenas de pequeños empresarios y autónomos que se han visto afectados por esta situación. Carlos González también ha dicho que se ha «causado daño» a estas empresas.

El alcalde ha dicho que se ha hecho un «daño difícilmente reparable» a empresas, pero que ahora se pone el punto final a la excepcionalidad. Ha añadido que sí se va a trabajar para mejorar los procedimientos administrativos.

El portavoz del PP, Pablo Ruz, en su comparecencia, y con el decreto de la Fiscalía en la mano, ha dicho que se «acredita que hay fraccionamientos«, que «esto no termina aquí» y que se archiva porque «como no hay voluntad no hay delito».

Ruz ha dicho que «no se cuestiona el proceder de las empresas», sino que la «irresponsabilidad es política».

Ha dicho que las empresas que están en los listados remitidos a la Fiscalía siguen trabajando, cosa que no es cierta, ya que las hay que han dejado de prestar sus servicios al Ayuntamiento desde que el 13 de mayo los populares anunciaron públicamente la presentación de la denuncia.

Ahora todo pasa a la Agencia Valenciana Antifraude.

En la rueda de prensa se le ha preguntado por las 470 facturas que el alcalde dijo en el debate sobre el estado del municipio que Pablo Ruz, en su etapa como coordinador de Cultura, había hecho con la empresa en la que trabajaba el actual asesor del PP, Claudio Guilabert, que es además la persona que ha firmado la denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción. Ruz ha insistido en que si el alcalde quiere ir a los juzgados, él le acompaña. Pero ha añadido que fue coordinador «de 2011 a 2015 y ahora mismo no tengo capacidad para recordar ni retrotraerme a lo que ocurrió en la concejalía».

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